El Gobierno espa�ol quiere silenciar a los obispos

Los obispos católicos deben de ser el único grupo social de este país al cual el Gobierno impide la libertad de expresión. Y precisamente lo hace, en esta última ocasión, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, con el curioso argumento de que no interfieran en la actuación de legislador. Considera que, cuando los obispos formulan su opinión y se dirigen a los católicos, que en definitiva son, por voluntad propia, sus feligreses, están “ingiriéndose” en la actuación del legislador. Ésta es una visión peligrosa de la democracia que se parece más a un sistema guiado de ingeniería social que a lo que realmente debe ser: un debate abierto en la sociedad donde todas las voces se expresen y argumenten con la voluntad de hacer llegar razones precisas a quienes legislan.

La mezcla que sufrimos en España de dirigismo ideológico y de predominio de los aparatos de los partidos sobre el voto ciudadano, a causa de las listas electorales cerradas y bloqueadas, ha llegado a un extremo tal que ha pervertido ya al funcionamiento democrático, hasta el punto de que un ministro de Justicia puede considerar que la opinión de los obispos se interfiere. Entonces, ¿para qué sirve la libertad de expresión? ¿A quién deben escuchar los diputados, sino al pueblo? ¿Y acaso los obispos no son una componente destacada de este pueblo? Claro que esto solamente sucede con las voces católicas. Cuando quienes no ya opinan sino presionan, descalifican y amenazan, como es habitual en las organizaciones homosexuales, entonces ahí no existe intromisión. Seguramente López Aguilar está calificado para ocupar muchos ministerios. No lo sabemos a ciencia cierta. Pero en todo caso, para aquél que lleva el nombre de Justicia, seguro que no.