El Estado contra la familia

El gobierno, ante la catastrófica situación de la natalidad española, ha anunciado su intención de ayudar a la familia. Por supuesto, es elogiable tal preocupación por la familia y el futuro de España. Pero aunque coincide con la baja natalidad de las naciones europeas, lo que indica por sí mismo que puede haber una causa histórica, ligada a la decadencia de la civilización europea, pues suele repetirse en estos casos, sería conveniente preguntarse por qué ha llegado a ser en España la más baja de todas en poco tiempo.

Una ojeada elemental a la situación permite asegurar sin necesidad de encuestas ni otras averiguaciones más o menos científicas, que la institución familiar está siendo corroída hace tiempo de muchas maneras y que los Estados tienen un papel principal directo e indirecto en esa ofensiva. Esto hace pensar si para dar seguridad a la familia no sería mejor empezar por dejar de atacarla. A fin de cuentas es una institución «natural», espontánea y en otros países europeos las ayudas burocráticas no han tenido demasiado éxito, como salta a la vista. Y atacarla por un lado y ayudarla por otro es un contrasentido, pura demagogia.

El Estado tiende de suyo a destruir la familia, pues, por su naturaleza sólo le interesan los individuos, no los grupos familiares; su meta es absorber todo el poder y cualquier grupo constituye implícitamente un contrapoder o capacidad de resistir. Es la tendencia estatal, obvia desde que se constituyó el Estado Nación, a eliminar lo que llamaba Montesquieu poderes intermediarios, aquellos organismos sociales cuya mera existencia es un obstáculo, mayor o menor, a la centralización y al control de la Sociedad.

La actitud del Estado se refleja en el trato preferente que suele dar a las empresas. Quizá porque la familia es una comunidad y la empresa es una sociedad se olvida que las familias son también empresas de trabajo y consumo provertidas hacia el futuro. La propiedad común es el fin y el sustrato económico de la familia y, sin embargo, la propiedad, sobre todo la mediana y la pequeña, está siendo socavada y perseguida desde hace tiempo con múltiples pretextos y propósitos. Unas veces ideológicos, otras con intromisiones en la vida familiar bajo diversas excusas, sobre todo con la fiscalidad, cuyos efectos recaen siempre, al final, sobre las familias, contra las que encima se carga fiscalmente. El Estado empezó persiguiendo a las familias ricas invocando la justicia social. Por la misma razón, hoy persigue fiscalmente a todo el mundo, sobre todo a las clases medias, las más extensas, con especiales consecuencias en lo que respecta a la familia.

Así, la vivienda -la forma material del «hogar»- está sometida a toda clase de tutelas, obligaciones, presiones, constricciones y, por supuesto, impuestos y gabelas que encarecen el suelo, la construcción, el alquiler o la compra y, para remate, su transmisión, mediante valoraciones absurdas que, entre otras cosas, hacen inexistente el «mercado de la vivienda». De los impuestos sucesorios o sobre la herencia, concebidos como verdaderos impuestos sobre la muerte, más vale no hablar: es corriente que los herederos, por muy directos que sean, tengan que vender parte de la herencia, a veces haciendo almoneda, para poder conservar -no siempre se trata sólo de «heredar»- el resto; el impuesto es poco rentable fiscalmente, pero este despojo es necesario por razones de «justicia social», el pretexto más utilizado. Las donaciones entre familiares se gravan como si fueran un delito. E impuestos como el de la renta de las personas físicas, no sólo destruyen directamente las libertades políticas, sociales y personales con las intromisiones legales de la burocracia para poder controlarlo, sino, la familia. Por mucha casuística de exenciones, deducciones, beneficios o compensaciones que se añadan, no es posible prever todas las situaciones y la forma de este impuesto introduce incertidumbres en la vida familiar y fomenta su disgregación. Etc. ¿No sería mejor revisar estas causas negativas antes de pasar a considerar ayudas positivas? ¿Caen bajo el dogma de lo «políticamente imposible»? ¿Es que el Estado -y otras entes públicos- tienen que ser los dueños de todo? ¿Con qué título? Dalmacio Negro Pavón .